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El 24 de febrero último el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirmó como improcedente el despido disciplinario de un trabajador del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca.

En la sentencia se concluye que los hechos que originaron el despido no han sido probados.  Bien al contrario, la sentencia recoge argumentación en la que se sostiene que han quedado acreditadas diversas circunstancias que indican la existencia de acoso moral a este trabajador.

En paralelo el Alcalde presentó contra dicho trabajador una denuncia penal, sin conocimiento del pleno del Ayuntamiento, que también ha sido archivada.

Ante todo esto el Alcalde de Sant Andreu de la Barca podía haber optado por la readmisión del trabajador o por el pago de una indemnización por despido. Pues bien el Alcalde ha decidido pagar la indemnización, circunstancia especialmente lesiva para las arcas municipales.

El pasado día 13 de junio Democracia 3.0 solicitó al Alcalde que incluyera un punto en el orden del día para tratar este tema, de igual forma que en su día se dio cuenta al pleno del despido disciplinario de este trabajador. A pesar de la transparencia de la que hace gala el Alcalde, este punto no ha sido incluido en el orden del día del próximo pleno.

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Democracia 3.0 inició en octubre del pasado año una serie de actuaciones en relación con las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca dentro del plan de empleo "Sant Andreu Avança", subvencionado prácticamente en su totalidad por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Parte de estas actuaciones se centraban en salvaguardar los derechos de los trabajadores contratados a la hora de tratar sus datos personales, ante un posible incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

En un boletín municipal, que distribuimos con ocasión de la II Festa de la primavera, les informábamos que la ACPD había abierto un expediente de investigación, que continuó posteriromente con la apertura de un expediente sancionador.

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Democracia 3.0 inició en octubre del pasado año una serie de actuaciones en relación con las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca dentro del plan de empleo "Sant Andreu Avança", subvencionado prácticamente en su totalidad por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Parte de estas actuaciones se centraban en solicitar respaldo legal a la Autoritat Catalana de Protección de Dades (ACPD), ante la negativa del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca de facilitarnos el acceso a los expedientes de contratación, y por otro lado determinar si el Ayuntamiento podría estar incumpliendo la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

En nuestro último boletín municipal, que distribuimos con ocasión de la II Festa de la primavera, les informábamos que la ACPD había abierto un expediente de investigación.

 

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En artículos anteriores, de octubre y noviembre del pasado año, dimos cuenta de los contratos subvencionados por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), así como de la solicitud que presentamos para comprobar si el Ayuntamiento había cumplido los criterios de contratación establecidos por la entidad metropolitana.

Como quiera que el Grupo municipal socialista nos negó la petición amparándose en la Ley de protección de datos, decidimos presentar una consulta a la Autoritat catalana de protecció de dades (ACPD). Dicho organismo, en dictamen de fecha 14 de diciembre, da la razón a Democracia 3.0 y concluye que:

nuestro concejal tiene derecho a obtener la información solicitada

publicar y difundir en la página web municipal la situación personal de los contratados pone en evidencia su especial vulnerabilidad y no contribuye a mejorarla.

Democracia 3.0 ha reiterado la solicitud de información al Ayuntamiento, adjuntando el dictamen de la ACPD.

 

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El presente artículo es la continuación de otro que publicamos el pasado 8 de octubre. En aquel momento Democracia 3.0 solicitó por escrito la relación de las personas contratadas recientemente por el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, con cargo a subvenciones obtenidas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Asimismo solicitábamos que se nos facilitaran tanto los perfiles profesionales como sociales de los contratados, al ser estos últimos determinantes para su contratación. La intención de Democracia 3.0 se centraba únicamente en comprobar si se habían cumplido los criterios marcados por el Área Metropolitana de Barcelona, priorizando a personas incluidas en colectivos con dificultades (jóvenes, mujeres, parados de larga duración y los pertenecientes a familias con todos sus miembros en el paro).

Dos días después el Ayuntamiento publicó en su página web la relación de los contratados, obviando que las contrataciones se encontraban subvencionadas por el Área Metropolitana de Barcelona.

 

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