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RECALCULANDO RUTA.

 

Hace unos días el navegador de google me enviaba por el puente de enlace A2-AP7 para ir dirección Granollers. Las obras al parecer se reanudaron en febrero de 2011, de forma previa a la campaña electoral de las municipales, pero o van a un ritmo extremadamente lento o las mismas se han paralizado. El navegador, al que obvié, gritó el consabido “recalculando ruta”.

Los navegadores tienen esa facultad, la de recalcular rutas, pero los gobiernos se han demostrado incapaces de hacer lo mismo. Por un lado tenemos un gobierno central que para afrontar la crisis, estimulando la economía y el empleo, aportó dinero a los ayuntamientos (4 millones de euros) que ahora reclama (1,5 millones de euros) por un error en el cálculo de los ingresos que efectuó en su momento. La prórroga de los presupuestos generales del Estado deja en un estado de indefensión a los Ayuntamientos que no saben, ni pueden, presupuestar su actuación municipal de cara al próximo año.
 

La Generalitat por otra parte se plantea la prórroga de sus propios presupuestos ante la más que probable posibilidad de cambio del gobierno central y entretanto su actuación se caracteriza por poner en peligro para la ciudadanía servicios esenciales de su competencia, y limitando la posibilidad de que los ayuntamientos hagan frente a otros servicios que tenían comprometidos con sus vecinos.

Los ayuntamientos por su parte ni conocen la aportación anual que recibirán del estado, ni si las subvenciones que recibían tanto de la Generalitat, como de la Diputación de Barcelona se mantendrán, eliminarán o tan sólo se recortarán.

Esos mismos ayuntamientos que se volvieron locos y no priorizaron inversiones y servicios han de hacer frente a las necesidades básicas, y no tan básicas, que les reclaman los ciudadanos. Esos ayuntamientos sumidos en un nivel de endeudamiento exagerado, que la ley les autoriza en niveles del 110% de los ingresos corrientes, no saben, ni pueden, ni quieren optimizar sus presupuestos mediante la priorización de los gastos corrientes.

Si cualquiera ciudadano acude a un banco a solicitar un préstamo, en cualquiera de sus modalidades, es sometido a un examen para cuantificar si las cuotas mensuales, a las que debería hacer frente, superan el 35-40% de sus ingresos netos mensuales. Si la cuota supera el margen de seguridad no concederán el préstamo, aunque lo habitual en estos tiempos es que ya ni realicen el estudio y denieguen el préstamo por sistema.

El doble rasero en la forma de acceder a los préstamos, Ayuntamiento (110%) frente a ciudadano (40%), tampoco tiene en cuenta la mano ligera a la que los ayuntamientos nos tienen acostumbrados. Las ineficiencias en la gestión de los recursos públicos y la negligencia para incurrir en gastos superfluos e innecesarios hipotecan la actividad municipal y los servicios básicos que se han de brindar a los ciudadanos. Recalculemos ruta, prescindamos de lo superfluo y afrontemos la realidad del ciudadano sin que sea este último quien se haga cargo de los platos rotos.
 


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José Manuel García Bravo
Concejal de D3.0 en Sant Andreu de la Barca
 

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