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LEY DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.

Recientemente el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que regulará la transparencia, el acceso a la información y el buen gobierno. En la Unión Europea se pueden contar con las manos, y sobrarían dedos, los países que no cuentan con una norma de estas características.

¿Será efectiva? La respuesta en principio parece ser clara y contundente: NO, ya que en la actualidad existen normas que regulan el acceso a la información y la obligación de resolver las peticiones formuladas por los ciudadanos, que se incumplen reiteradamente por los caciques de pueblo. El recurso que queda es iniciar largos y costosos procesos judiciales que difícilmente repararán el daño causado.

 

Con la nueva ley de transparencia, a tenor del espíritu que la inspira, se castigará con inhabilitaciones e incluso con multas a aquellos políticos que gestionen mal los recursos públicos, oculten datos, falseen cuentas o incumplan la ley de estabilidad presupuestaria.

La norma, que probablemente sea suavizada durante su tramitación parlamentaria, debe estar poniendo nerviosos a aquellos que se muestran satisfechos y orgullosos de pasear por los municipios que regentan. En el caso de Sant Andreu de la Barca no hace mucho pudimos leer, en el extremo izquierdo de estas páginas centrales, una columna en ese sentido.

Los datos de Sant Andreu de la Barca no auguran buenos tiempos para aquellos que hacen gala de su satisfacción y orgullo. Nuestro municipio, a 31 de diciembre de 2011, reconoce una deuda superior a los 9,2 millones de euros y un déficit presupuestario del 6,5%, o lo que es lo mismo se han gastado 1,5 millones de euros por encima de los ingresos obtenidos. Se incumple, a tenor de estos datos el objetivo de estabilidad presupuestaria regulado por ley, circunstancia que a pesar de constar en el informe de liquidación presupuestaria del año 2011 se obvia y se niega en el Pleno del Ayuntamiento.

Las facturas sin pagar, 687, superan los 2,1 millones de euros, encontrándose afectados por esta situación unos 187 proveedores. En diciembre nos aseguraban que se pagaba a 60-90 días y ahora recurren a la norma aprobada por el Gobierno para afrontar el pago de estas facturas.

Les dirán que otras administraciones, concretamente la Generalitat de Catalunya, nos debe dinero. Es cierto, si bien la cantidad adeudada y reconocida se cifra en algo menos de 1,3 millones que no es más de lo que el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca debe devolver al Estado por ingresos indebidos, fruto de una incorrecta cuantificación realizada en la participación en los impuestos.

Los que se pasean orgullosos, ostentando y amparados en sueldos que se escapan con creces de la media, se defienden insultando públicamente a ciudadanos y representantes políticos, estos últimos elegidos libre y democráticamente. Desde su desgobierno, su falta de transparencia y ocultando información apelan al optimismo.  De donde no hay no se puede sacar, es lo que hay, no más.


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José Manuel García Bravo
Concejal de D3.0 en Sant Andreu de la Barca

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