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ARTÍCULO OPINIÓN DIARI SANT ANDREU

 

Hace unos días y ante las puertas del Ayuntamiento se leyó un manifiesto en contra de la aprobación del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Una normativa que viene a modificar las relaciones entre ciudadano y administración, alejando los servicios públicos del ciudadano y vaciando de contenido la labor política que desempeñamos los cargos electos.

En la columna del pasado mes les hablábamos de la transparencia pública y la participación ciudadana como conceptos básicos y obligados en el funcionamiento de la administración pública. Los desajustes municipales que poníamos encima de la mesa ahora se verán incrementados no por la propia actuación municipal, que también, sino por una actuación normativa que alejará los servicios públicos del ciudadano. Las necesidades reales y cotidianas de los ciudadanos, que conocemos porque nos cruzamos todos los días con vosotros por la calle, no podrán ser abordadas por quienes vosotros habéis elegido democráticamente para que os representan en la cercanía, sino por un padre supremo que va a decidir que necesidades tenéis sin teneros en cuenta, sin conoceros.
 

 

La prestación de servicios públicos de calidad no es incompatible con la optimización de los recursos económicos municipales. Estamos acostumbrados a oír con demasiada frecuencia que los municipios prestan servicios que no les corresponden y que no recibimos financiación para hacer frente a los servicios que nos reclaman los ciudadanos. Es cierto, pero sin embargo se derrocha alegremente, sin control, en supuestas necesidades que no aportan nada al ciudadano y que se sustentan en un interés de permanencia política de quienes gobiernan. Pura publicidad e imagen, no nos cansaremos de repetirlo.

Si recuerdan en el año 2012 el Impuesto de Bienes Inmuebles subió desorbitadamente por imposición del gobierno del Partido Popular. Democracia 3.0 reaccionó y presentó una propuesta para bonificar a los ciudadanos cuyos ingresos no superasen un determinado nivel de renta de suficiencia, necesario e indispensable, para hacer frente a las necesidades esenciales de las personas que integran la unidad familiar. La propuesta fue rechazada por el pleno, aunque ahora se estudia la elaboración de un reglamento de bonificaciones.

A renglón seguido y dos días más tarde PSC e ICV-EUiA presentaron una propuesta alternativa, apoyada por Democracia 3.0 y aprobada por el pleno del Ayuntamiento, en la que se iba a destinar la subida impuesta por el PP a planes de empleo, servicios sociales, becas comedor, compra de libros y material escolar, así como a ayudas para el casal de verano para familias con dificultades económicas. Un total de 510.000 euros que se han diluido en el presupuesto sin saber por qué no se han destinado a lo acordado y previsto.

Los planes de empleo fueron sufragados por el Área Metropolitana de Barcelona; las ayudas al Casal nunca fueron transferidas al Patronato Municipal de Deportes; no se destinó la totalidad del dinero previsto para la atención domiciliaria; se utilizaron en el ejercicio 2012 algo menos de 34.000 euros de los 90.000 previstos a becas escolares y tan sólo se utilizaron 600 euros de los 105.000 euros previstos para hacer frente a las ayudas para la compra de libros y material escolar.

La puta y la ramoneta. Está bien reclamar financiación a otras administraciones para cubrir las necesidades y servicios que prestamos a la ciudadanía, pero lo que no es de recibo es no utilizarla, cuando se cuenta con ella, para cubrir las necesidades de los ciudadanos. Felices fiestas y un mejor 2014. Sean felices o al menos inténtelo.

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José Manuel García Bravo
Concejal de D3.0 en Sant Andreu de la Barca

 

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