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ARTÍCULO OPINIÓN DIARI SANT ANDREU

La palabra que da título a este artículo de opinión no existe en el diccionario de la Real Academia Española, pero define clarísimamente la gestión urbanística de Sant Andreu de la Barca. A nuestro juicio la letra que afea la palabra a la vista y que nos lleva a pensar en un error ortográfico no es tal, ya que la “h” tiene su origen en el horror que produce ver en manos de quien recae la planificación urbanística de nuestro municipio.

Hace pocos días nuestro Alcalde y el Teniente Alcalde de “Hurbanismo” nos anunciaban la marcha atrás en el proyecto de implantación de un supermercado, en suelo público junto al colegio Josep Pla, a pesar de que se habría diseñado una planificación urbanística a medida para ese supermercado. Han aducido intereses y negociaciones particulares entre empresas, que ni conocemos ni nos han informado sobre ellas, para descartar el proyecto.

 

Sin embargo la verdadera razón que ha llevado a desechar la implantación del supermercado, en suelo público, es que la Comisión de Urbanismo del Área Metropolitana de Barcelona ha suspendido la aprobación definitiva de la modificación urbanística que permitiría implantarlo. Nos ocultan ese informe, que existe, que hemos pedido y que no nos dan.

Asimismo el Alcalde y el Teniente Alcalde de “Hurbanismo” han ocultado, tanto al pleno como a los concejales, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que obliga al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca a indemnizar con 2,2 millones de euros, más intereses, a una empresa que participaba en el desarrollo urbanístico del sector 21, dónde se ubica el centro comercial Atrium. Además obliga al Ayuntamiento a redactar un nuevo proyecto de reparcelación, y serían cuatro ya, para ajustarlo a la normativa urbanística. No hemos de olvidar que el tercero todavía se encuentra recurrido judicialmente y pendiente de ser tumbado por los tribunales, por idénticos motivos que determinaron la nulidad, por ilegal, del segundo proyecto.

En paralelo, cómo ya les anunciábamos en la columna del pasado mes, la Fiscalía Provincial de Barcelona ha informado a Democracia 3.0 que ha decidido abrir de oficio diligencias de investigación en relación con ese proyecto de reparcelación en base a que, según la propia Fiscalía, el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca estaría ocasionando con su planificación urbanística un claro perjuicio a las arcas municipales. En virtud de ello la Fiscalía considera que los hechos que se investigan podrían constituir un delito relacionado con el urbanismo.

La Fiscalía también considera asimismo evidente la irregular actuación administrativa desarrollada por el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca en cuanto a la discoteca que se ubicaba en el centro comercial Atrium. El Ayuntamiento (PSC) permitió que desarrollara su actividad sin licencia municipal. Incluso su Alcalde, que acudió a la inauguración, firmó un convenio con la empresa propietaria de la discoteca a pesar de que ejercía su actividad sin licencia. A juicio de la Fiscalía esta actuación podría apuntar hacia la posible existencia de un delito de tráfico de influencias o de cohecho. Sin embargo en este caso la Fiscalía ha decidido no ahondar más en el tema. Nos sorprende y desconocemos las motivaciones de esta decisión.

Estas actuaciones en materia urbanística, que algún tribunal ha llegado a calificar de temerarias, nos obligan a pedir la dimisión inmediata tanto del Alcalde como del Teniente Alcalde de “Hurbanismo”. Ya está bien, márchense.

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José Manuel García Bravo
Concejal de D3.0 en Sant Andreu de la Barca

 

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