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ARTÍCULO OPINIÓN DIARI SANT ANDREU

Hace algo más de dos años el Área Metropolitana de Barcelona, con el objetivo de incrementar la ocupación en nuestro municipio, sufragó íntegramente un plan de empleo para personas en situación social difícil. Tenían prioridad en ser contratados los jóvenes, las mujeres, los parados de larga duración y aquellos que formaban parte de familias con todos sus miembros en el paro.

La polémica se suscitó tras comprobar la relación de los contratados por el Ayuntamiento, ya que se pudo comprobar que varios eran miembros o familiares de ellos en la ejecutiva del PSC, o familiares de concejales de esa formación.

¿Tenían derecho estas últimas personas a ser contratadas? Obviamente sí, si su situación social y personal cumplía con los requisitos que había impuesto el área metropolitana de Barcelona. Pero esta situación debía ser comprobada por nuestra formación política y en virtud de ello solicitamos acceso a los expedientes de contratación, pero nos lo negaron ya que según nos manifestaron por escrito se vulneraba la ley de protección de datos.

 

Recurrimos a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades que nos dio la razón, en cuanto no se vulneraba la ley al permitirnos acceder a los expedientes, e instruyó un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento por la comisión de una falta grave y otra leve por incumplimiento de la misma ley en la que se amparaban para no permitirnos el acceso.

A pesar de ello el PSC continuó negándonos el acceso a los expedientes de contratación. ¿Qué temían? Democracia 3.0 insistió y se dirigió al Síndic de Greuges para que se nos facilitara el acceso. Tras dos años hemos conseguido consultar los expedientes. En el trámite el Síndic ha tenido que insistir en varias ocasiones al Ayuntamiento, ya que ni tan siquiera a él le contestaban.

Del resultado de nuestras gestiones se puede concluir que en ninguno de los expedientes de contratación existe informe de los servicios sociales de nuestro Ayuntamiento que justifique la contratación de ninguna de las personas que fueron contratadas. Por lo tanto al menos en cuanto a procedimiento las contrataciones no debieron realizarse.

Aun así, y al margen de las cuestiones legales y administrativas, ¿debieron ser contratados?, ¿estaban incluidos dentro de los colectivos prioritarios?, ¿su perfil social era prioritario en la contratación?, y ¿existían personas en nuestro municipio con un perfil social más desfavorecido?

Tras consultar el expediente de todos los contratados, incluidas las ayudas sociales recibidas por estas personas en el año anterior y posterior a la contratación, Democracia 3.0 está en condiciones de afirmar que tan sólo catorce de los treinta y cinco contratados tenía necesidad real de ser contratados, en virtud de su perfil social. El resto, frente a otros que no fueron contratados, no habían acreditado esa necesidad al no haber recurrido a la asistencia social ofrecida por nuestro Ayuntamiento. Pero es más, de los veintiún contratados que a nuestro juicio no debieron serlo, ocho habían sido contratados con anterioridad por nuestro Ayuntamiento.

Por lo tanto se confirman las suspicacias en cuanto a que muchas de las contrataciones que se realizaron no se deberían haber llevado a cabo. Para evitarlo el Alcalde constituyó desde entonces y como medida de transparencia una mesa de contratación para dar luz al sistema. Pura fachada ya que se han vuelto a realizar contrataciones sin que se hayan sometido a información, que no decisión, de la mesa de contratación. El dedo es el procedimiento de contratación que utiliza el PSC en el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, esa es la conclusión con la que se deben quedar.

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José Manuel García Bravo
Concejal de D3.0 en Sant Andreu de la Barca

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